Nueva normativa de Transparencia Activa establece mayores exigencias para organismos públicos y municipalidades

La nueva Instrucción General del Consejo para la Transparencia comenzó a regir el 25 de abril de 2026 y actualiza las obligaciones que deben cumplir los organismos públicos en materia de publicación de información. Entre sus principales cambios se encuentran nuevas reglas para informar remuneraciones efectivamente pagadas, honorarios, contrataciones, permisos de construcción, organigramas y antecedentes históricos.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) publicó una nueva guía destinada a facilitar el cumplimiento de la Instrucción General sobre Transparencia Activa, normativa que establece las obligaciones que deben cumplir los organismos públicos para poner a disposición de la ciudadanía información sobre su funcionamiento y el uso de los recursos públicos.

La nueva instrucción fue aprobada mediante la Resolución Exenta N.º 80, de fecha 6 de febrero de 2026, publicada en el Diario Oficial el 24 de febrero de este mismo año y entró en vigencia el 25 de abril de 2026. La normativa reemplaza la instrucción general que se encontraba vigente desde 2022 y refunde, actualiza y sistematiza las obligaciones de transparencia activa aplicables a los organismos sujetos a la Ley de Transparencia.

La regulación alcanza, entre otros, a ministerios, subsecretarías, delegaciones presidenciales, servicios públicos, Fuerzas Armadas, universidades estatales, servicios locales de educación pública, servicios de salud, gobiernos regionales y municipalidades.

El objetivo de la actualización es establecer criterios más precisos sobre la forma en que la información debe ser publicada y facilitar que las personas puedan acceder a antecedentes sobre el funcionamiento de los organismos, las personas que trabajan en ellos, las contrataciones realizadas y la utilización de recursos públicos.

Nuevas reglas para la publicación de remuneraciones

Uno de los cambios relevantes se relaciona con la información sobre las remuneraciones de los funcionarios públicos.

A partir de la nueva normativa, los organismos deben publicar mensualmente, por cada funcionario, el monto bruto de la remuneración efectivamente percibida durante el mes informado. De esta manera, se deja atrás la utilización de una remuneración bruta "mensualizada", entendida como un promedio mensual calculado a partir de las remuneraciones brutas recibidas durante un año.

La información debe permitir conocer cuánto recibió efectivamente cada funcionario en el respectivo mes, incorporando los distintos conceptos que forman parte de la remuneración. Entre ellos se encuentra la remuneración propiamente tal fijada para el cargo, las bonificaciones asociadas al cumplimiento de metas u objetivos, las horas extraordinarias y las asignaciones especiales que correspondan.

En el caso de las horas extraordinarias, estas deben informarse diferenciando las realizadas durante jornada diurna, nocturna y aquellas efectuadas durante fines de semana o días festivos, indicando además las horas realizadas y los montos asociados.

Respecto de las asignaciones especiales, estas podrán ser informadas mediante códigos, siempre que exista una nota explicativa que permita conocer el significado de cada uno de ellos.

La normativa también establece que el cálculo de la remuneración bruta debe excluir conceptos que legalmente no constituyen remuneración, entre ellos las asignaciones familiares, aguinaldos y viáticos.

Como buena práctica, el Consejo para la Transparencia mantiene además la recomendación de publicar la remuneración líquida mensual y los viáticos percibidos, detallando en este último caso antecedentes como el destino, la fecha y el monto correspondiente a cada cometido funcionario.

La información de remuneraciones debe mantenerse disponible desde enero de 2024 en adelante, sin que las actualizaciones mensuales puedan significar la eliminación de los antecedentes correspondientes a períodos anteriores.

Mayor información sobre trabajadores a honorarios

Otra de las materias abordadas por la nueva instrucción corresponde a las personas contratadas bajo la modalidad de honorarios.

Además de informar los antecedentes de la contratación y los pagos realizados, los organismos deben publicar los informes que den cuenta de las funciones desarrolladas, de acuerdo con lo establecido en el respectivo contrato de prestación de servicios.

Para cumplir con esta obligación existen dos alternativas. El informe puede incorporarse directamente en la ficha correspondiente a la persona contratada o el organismo puede disponer de un repositorio electrónico que contenga los informes de las personas contratadas a honorarios. En este último caso, el repositorio debe ser accesible públicamente y sin restricciones.

Para las municipalidades, la información debe considerar las distintas áreas correspondientes, incluyendo las unidades municipales y, cuando corresponda, los sectores de educación, salud y cementerios.

Organigramas deberán permitir conocer funciones y responsables

La nueva normativa también establece modificaciones respecto de la forma en que los organismos deben presentar sus estructuras internas.

Los organismos deberán contar con organigramas interactivos que permitan conocer las distintas unidades, sus funciones y la persona que ejerce su jefatura. La información debe permitir acceder a los antecedentes de cada unidad de manera sencilla, incluyendo sus facultades, funciones y atribuciones y las normas que las establecen.

Además, se contempla una planilla complementaria con información sobre la unidad encargada del cumplimiento de la Ley de Transparencia, incluyendo la identificación de las personas que desempeñan dichas funciones y el tipo de vínculo contractual bajo el cual trabajan.

El objetivo es que la ciudadanía pueda conocer no solamente la estructura formal de una institución, sino también quiénes son responsables de sus distintas áreas y quién tiene a su cargo las labores relacionadas con transparencia.

Municipalidades deberán publicar información sobre permisos y autorizaciones

Entre las nuevas obligaciones que tienen especial relevancia para los municipios se encuentra la publicación de antecedentes relacionados con permisos y autorizaciones otorgados por las Direcciones de Obras Municipales.

La información deberá actualizarse mensualmente y, de acuerdo con la instrucción, debe estar disponible a más tardar el quinto día hábil de cada mes respecto de los antecedentes correspondientes al período anterior. La información debe considerar, entre otros antecedentes, el año y mes, número y fecha de la resolución, denominación y descripción del acto, fecha de publicación y un enlace al texto íntegro de la resolución.

Además, se contempla la publicación de un documento que reúna los permisos y autorizaciones otorgados durante el mes anterior, junto con las respectivas resoluciones.

Cuando durante un determinado período no existan permisos o autorizaciones que informar, el organismo debe señalar expresamente dicha situación, evitando que un apartado vacío pueda confundirse con información que simplemente no ha sido actualizada.

Esta obligación se relaciona con las modificaciones introducidas por la Ley N.º 21.718, sobre agilización de permisos de construcción.

Las compras y contrataciones deben mantenerse disponibles

La nueva instrucción también regula la información relacionada con adquisiciones y contrataciones. Los organismos deben publicar las contrataciones realizadas a través del sistema de compras públicas, pero la obligación no se limita exclusivamente a las operaciones efectuadas mediante Mercado Público.

La normativa contempla también aquellas adquisiciones y contrataciones realizadas fuera de dicho sistema, incluyendo operaciones de menor cuantía.

En el caso de contratos cuya ejecución se extiende durante varios meses, la información debe mantenerse y actualizarse durante la vigencia del contrato y sus eventuales renovaciones, permitiendo realizar un seguimiento de estas operaciones y no solamente conocer el momento en que fueron originalmente adjudicadas o contratadas.

La información histórica debe permanecer disponible

Uno de los aspectos relevantes de la nueva regulación es el énfasis en la conservación de los antecedentes. La actualización de la información no significa que los organismos puedan eliminar los datos correspondientes a períodos anteriores.

En materias como personal y remuneraciones, adquisiciones y contrataciones, transferencias, actos y resoluciones con efectos sobre terceros, programas sociales, información presupuestaria y resultados de auditorías, los antecedentes históricos deben mantenerse disponibles de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa.

Esto permite que una persona pueda revisar la evolución de la información publicada y comparar distintos períodos.

Sanciones del Consejo para la Transparencia

La nueva instrucción también establece obligaciones para aquellos organismos que hayan sido sancionados por el Consejo para la Transparencia. Cuando una resolución sancionatoria quede firme, el organismo deberá publicar dicha resolución en su propio sitio web dentro del plazo establecido por la normativa, correspondiente a cinco días hábiles desde que la sanción quede firme.

El Consejo para la Transparencia recomienda además, como buena práctica, publicar en el mismo apartado un documento que permita acreditar el pago de la multa correspondiente a la Tesorería General de la República.

Información en lenguaje claro y accesible

La nueva normativa también incorpora criterios destinados a facilitar el acceso ciudadano a la información. Los organismos deben procurar que la información publicada sea clara y comprensible, evitando el uso de siglas o términos técnicos que no sean explicados.

El propósito es que la transparencia activa no se limite a poner documentos a disposición del público, sino que la información pueda ser efectivamente comprendida y utilizada por las personas.

Asimismo, los sitios institucionales deben facilitar el acceso a la información de transparencia y contar con los mecanismos necesarios para que las personas puedan realizar solicitudes de acceso a información pública.

Una herramienta para el control ciudadano

Desde el Consejo para la Transparencia se ha señalado que la actualización de la normativa busca fortalecer el acceso de las personas a información sobre el funcionamiento del Estado y la utilización de los recursos públicos.

La presidenta del CPLT, Natalia González, sostuvo que la actualización constituye un avance para que cualquier persona pueda conocer qué hace el Estado con los recursos públicos, quién trabaja en cada organismo, cómo se ejecutan esos recursos y cómo se toman decisiones.

La nueva normativa adquiere especial importancia en el caso de los municipios, debido a que concentra una serie de obligaciones relacionadas directamente con información que puede ser revisada por vecinos y organizaciones, como remuneraciones, contrataciones, honorarios, permisos de construcción, estructura municipal, actos administrativos y utilización de recursos.

Con la entrada en vigencia de la Instrucción General sobre Transparencia Activa, los organismos públicos deben adecuar sus sistemas de publicación a las nuevas exigencias y mantener disponible la información correspondiente a los distintos períodos.

Para la ciudadanía, estos cambios permiten contar con mayores herramientas para consultar y contrastar información sobre la administración pública y realizar seguimiento a la forma en que se utilizan los recursos y se desarrollan las funciones de cada organismo.