Contraloría investiga contrataciones de familiares y eventuales pagos irregulares en municipios de Paihuano y La Serena
La Contraloría General de la República de Chile, a través de su sede regional en Coquimbo, inició una fiscalización tras una denuncia por eventuales irregularidades en las contrataciones de personal en la Municipalidad de La Serena y la Municipalidad de Paihuano.
De acuerdo al Oficio N° OF71160/2026, fechado el 14 de abril de 2026, el organismo de control resolvió investigar los hechos en virtud de sus facultades establecidas en la Ley N° 10.336, tras considerar pertinente la revisión de los antecedentes denunciados.
Hechos bajo revisión
Entre los puntos que serán objeto de fiscalización, se encuentra la contratación de doña Javiera Adaros Arqueros como prestadora de servicios a honorarios en la Municipalidad de La Serena. Según la denuncia, la profesional no habría dado cumplimiento a sus jornadas laborales, destinando ese tiempo a participar en actividades vinculadas a su cónyuge, Hernán Ahumada Ahumada, alcalde de la Municipalidad de Paihuano.
Asimismo, el oficio detalla una situación relacionada con la Municipalidad de Paihuano durante el año 2025, donde se habrían efectuado diversos gastos por asesorías jurídicas. En particular, se menciona la contratación de don Jaime Norambuena Borgheroesi, hermano de la alcaldesa de La Serena, para prestar servicios al Departamento de Educación Municipal (DAEM), percibiendo un monto de $1.000.000. Esta cifra contrasta con lo recibido por otro profesional, Mario Burlé Delva, quien por labores similares habría percibido $579.562.
Un tercer punto dice relación con la contratación de la empresa Cisterna, Concha y Compañía Limitada, mediante el decreto alcaldicio N° 224 de 2025, que autorizó un trato directo para asesoría jurídica, en circunstancias que —según se expone— la Municipalidad de Paihuano ya contaría con asesores en esta área.
Proceso de fiscalización
La Contraloría indicó que estos antecedentes serán analizados en el marco de una fiscalización, con el objetivo de determinar si existieron eventuales irregularidades administrativas, conflictos de interés o un uso inadecuado de recursos públicos.
El organismo no ha emitido conclusiones ni sanciones hasta ahora, tratándose de un proceso en etapa inicial de revisión.

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