Recorte fiscal también incluye a Contraloría, Ministerio Público y otros órganos del Estado

El gobierno del Presidente José Antonio Kast puso en marcha un plan de ajuste fiscal que contempla un recorte del 3% del gasto público, medida que marca el inicio de una estrategia de austeridad orientada a ordenar las finanzas del país y reducir el déficit fiscal.

La instrucción fue emitida por el Ministerio de Hacienda mediante un oficio dirigido a ministerios y servicios públicos, estableciendo una rebaja transversal sobre el presupuesto vigente para 2026. El ajuste representa un ahorro estimado cercano a los 3.000 millones de dólares durante este año, con proyecciones que podrían elevar la cifra en los próximos ejercicios fiscales.

En una primera etapa, el recorte se aplica de manera directa a los ministerios y organismos dependientes del Ejecutivo, donde se solicitó reducir gastos en áreas como contratación de personal, asesorías externas, viáticos, arriendos y otros costos operativos. Asimismo, se instruyó identificar ineficiencias y eventuales malas prácticas en el uso de recursos públicos.

No obstante, uno de los aspectos que ha generado mayor debate es el alcance de la medida. A diferencia de lo que inicialmente se interpretó, el ajuste no se limita únicamente al Ejecutivo, sino que se calcula sobre el total del gasto contenido en la Ley de Presupuestos, lo que incluye también a organismos autónomos del Estado.

Entre estas instituciones se encuentran el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, el Congreso Nacional y el Servicio Electoral, todos los cuales forman parte del presupuesto público anual.

Impacto estimado en organismos del Estado

De acuerdo a antecedentes difundidos por Fast Check, el ajuste del 3% del gasto público ya tendría impactos estimados en distintos organismos del Estado. Entre ellos, el Poder Judicial aparece como el más afectado, con un recorte cercano a los $22 mil millones.

Le siguen el Ministerio Público (Fiscalía), con una disminución aproximada de $8.800 millones, y el Congreso Nacional, que debería ajustar cerca de $5 mil millones de su presupuesto.

En tanto, la Contraloría General de la República enfrentaría un recorte del orden de los $3 mil millones, mientras que el Servicio Electoral (SERVEL) tendría una reducción cercana a los $1.000 millones.

Por su parte, los Gobiernos Regionales (GOREs), en su conjunto a nivel nacional, registrarían un ajuste estimado de $6.345 millones.

Estas cifras reflejan el impacto del recorte en organismos que, si bien cuentan con distintos grados de autonomía, forman parte del Presupuesto de la Nación, por lo que el ajuste fiscal se proyecta como una medida de carácter transversal en todo el aparato estatal.

Autonomía institucional y aplicación del ajuste

Pese a lo anterior, existe una diferencia clave en la forma en que se aplica el recorte. Mientras en los ministerios la reducción es de carácter obligatorio y de ejecución directa, en los organismos autónomos opera como un límite presupuestario general. Esto significa que el Ejecutivo no puede intervenir en sus decisiones internas, siendo cada institución la responsable de definir cómo ajustar sus gastos en el marco de su autonomía.

De esta forma, el ajuste fiscal se configura como una medida transversal en su diseño, pero diferenciada en su implementación, respetando la independencia de los distintos poderes del Estado.

Contexto económico y debate

Desde el gobierno han señalado que el objetivo de este plan es recuperar la disciplina fiscal, mejorar la eficiencia del gasto público y generar condiciones para fortalecer la economía. El contexto en que se adopta la medida está marcado por un déficit fiscal cercano al 3,6% del Producto Interno Bruto y niveles de deuda que bordean el 40%.

En tanto, desde distintos sectores se ha advertido sobre los posibles efectos del recorte, especialmente en áreas sensibles del gasto público, planteando la necesidad de resguardar la continuidad de programas sociales y servicios esenciales.

El ajuste impulsado por la actual administración se posiciona así como una de las principales medidas económicas del inicio de gobierno, abriendo un debate sobre el equilibrio entre austeridad fiscal y funcionamiento del Estado.