29 funcionarios públicos de la región en la mira por apuestas en casinos: hay casos en Paihuano y Vicuña

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) dejó al descubierto que 910 funcionarios públicos y municipales realizaron transacciones en casinos de juego por un monto total que supera los $11.490 millones, pese a encontrarse legalmente impedidos de hacerlo. Los hechos se registraron entre enero de 2024 y junio de 2025, en un contexto que encendió las alertas sobre el cumplimiento de las normas que rigen a quienes administran recursos del Estado.

De acuerdo con los antecedentes contenidos en el documento, 181 de estos funcionarios concentran el 96,8% del total apostado, es decir, más de $11.118 millones. En varios de estos casos, las cifras individuales superan los $1.000 millones, montos que —según advirtió el organismo fiscalizador— no se condicen con el nivel de remuneraciones de los involucrados.

El análisis se elaboró a partir del cruce de información entre el registro de funcionarios que administran o custodian fondos públicos, quienes por normativa deben rendir caución, y los datos de clientes que realizaron operaciones en casinos, proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). La legislación vigente, específicamente la Ley N° 19.995, prohíbe expresamente a estos funcionarios efectuar cualquier tipo de apuesta.

La Contraloría también advirtió eventuales deficiencias en la información entregada por los operadores de casinos, lo que podría implicar que las cifras reales sean aún mayores a las detectadas en este informe consolidado.

En el desglose regional, la investigación identifica a 29 funcionarios en la región de Coquimbo que incurrieron en este tipo de prácticas. Entre los casos más relevantes, se encuentran cinco trabajadores de la Municipalidad de Coquimbo, quienes en conjunto realizaron transacciones por $81.230.555. A ellos se suman dos funcionarios de la Municipalidad de La Higuera, con un total de $37.302.785, y un funcionario del Servicio de Salud Coquimbo, con $31.127.000 apostados.

A estos se suman otros casos distribuidos en distintas comunas de la región. En la Municipalidad de Ovalle se detectaron dos funcionarios con transacciones por $7.768.849, mientras que en Combarbalá se identificó un caso por $6.174.000. En La Serena, dos funcionarios registraron apuestas por $4.649.130, y en Río Hurtado, otros dos alcanzaron un total de $2.127.681.

En el Valle de Elqui, también aparecen casos en Paihuano, con un funcionario que apostó $1.405.700, y en Vicuña, donde se registraron dos funcionarios con un total de $23.660. Asimismo, el informe incluye un caso en el Gobierno Regional de Coquimbo por $453.870.

El detalle continúa con tres funcionarios de la Municipalidad de Canela que suman $304.088; dos de Los Vilos con $249.040; uno en Salamanca con $100.190; dos en el Servicio Local de Educación Puerto Cordillera con $62.100; un caso en Monte Patria con $20.000; y uno en Illapel con $11.400.

A nivel nacional, los mayores montos transados se concentran en funcionarios pertenecientes a instituciones como Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, la Fuerza Aérea, la Tesorería General de la República y diversas municipalidades. En total, los 20 casos más altos superan los $5.392 millones y corresponden a personas que desempeñaban funciones directivas, fiscalizadoras, profesionales y operativas.

Frente a estos antecedentes, la Contraloría informó que remitirá el listado de los 910 funcionarios involucrados a la Superintendencia de Casinos de Juego, con el fin de que ejerza sus facultades de fiscalización y determine eventuales sanciones. Del mismo modo, enviará los antecedentes a los respectivos servicios públicos y municipios para que inicien sumarios administrativos y establezcan posibles responsabilidades.

Adicionalmente, los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismos que evaluarán eventuales acciones en el ámbito de sus competencias.

En la región de Coquimbo, en tanto, ya se han iniciado procesos administrativos en algunas de las instituciones involucradas, en medio de cuestionamientos sobre el control interno y el cumplimiento de las normativas que rigen la función pública.